Representamos y acompañamos a empresas y administraciones públicas en asuntos penales que afectan a la marcha de la entidad, tanto desde la posición de acusación particular (interponiendo acciones penales por delitos cometidos en el seno de la empresa o del ente administrativo) como defendiendo a la entidad frente a una imputación penal por hechos acaecidos en el ejercicio de su actividad.